Se trata de dos figuras legales que permiten, por un lado, dar opción al inquilino alquilado que adquiera la vivienda con ventajas o, si se vende, que el comprador la adquiera al mismo precio
Es evidente que existe en España un problema generalizado con la vivienda. Es por ello que el fomento de la construcción de vivienda pública que dé acceso a la mayor parte de la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y familias en situaciones más vulnerables, de poseer una casa digna es fundamental. Ese tipo de políticas ya se están empezando a aplicar. Para ello, las Administraciones Públicas, a todos los niveles, tienen que hacer valer sus competencias y trabajar conjuntamente en conseguir esos objetivos.
Desde luego, la propia Constitución Española en su artículo 47 afirma que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, por tanto, es obligación legal de las Instituciones fomentar ese derecho. En comunidades como Valencia ya se ha aprobado una legislación que viene a trabajar en ese sentido. Concretamente, el Decreto-ley 6/2020 permite que la Generalitat Valenciana ejerza como garante de los derechos de tanteo y retracto aplicados a la vivienda pública. Sin embargo, sería conveniente, llegado a este punto, explicar en qué consisten esas figuras y qué beneficios tiene para el conjunto de la ciudadanía.
El tanteo y el retracto como parte de la solución a la vivienda
Tanteo: consiste en el derecho que posee el inquilino de una vivienda alquilada de adquirir dicho inmueble. Dadas las circunstancias de que el arrendador quiera poner a la venta la vivienda debe anunciar a su arrendatario la intención, con objeto de que este opte con las mismas condiciones y precios. Por ese motivo, la Comunitat Valenciana ha hecho un fichero con toda la vivienda pública que tiene en régimen de alquiler con el propósito de que los inquilinos puedan ejercer ese derecho.
Retracto: en este caso, es un derecho que se puede desarrollar una vez se ha ejecutado la compraventa de la vivienda. Aquí entra un matiz, es decir, si esa venta se ha ejecutado, el inquilino de la vivienda, tiene el derecho de hacerse con esa vivienda en igualdad de condiciones a la que se la ha vendido al tercero.
Por tanto, se trata de dos figuras legales en las que se establece una preferencia sensible hacia la persona que ha estado haciendo uso del bien. En este sentido, el parque público de viviendas de la Generalitat de Valencia fomenta la adquisición de inmuebles a precios más asequibles que en el mercado general y las familias encontrarán una manera de poseer una casa con más facilidad.
Los administradores de fincas avalan los acuerdos
Es evidente que en las comunidades de vecinos siempre ha de existir la figura de un presidente que se deberá de hacer cargo de la portavocía de ese conjunto de inquilinos. Sin embargo, para un mejor manejo de las cuentas de la comunidad, de la adquisición de elementos comunes, obras menores y mayores, licencia, pago a proveedores y trabajadores de la comunidad vecinas… contar con un servicio de administración de fincas en Valencia es la mejor opción.
Gracias a estos profesionales se genera más seguridad jurídica, se solventan posibles conflictos que surjan entre los vecinos, ya que, al conocer perfectamente las leyes sobre vivienda sabrá resolver de manera ecuánime y neutral los conflictos y, sobre todo, llevará las cuentas y la administración general. Eso ofrece, sin lugar a dudas, muchas garantías y deja que la comunidad solo tenga que tomar decisiones por mayoría democrática.
Funciones que desempeñan los administradores de fincas
Estas son de diversa índole, sin embargo, en este artículo vamos a destacar las más importantes y las que más ayudan a que la convivencia de una comunidad de vecinos sea pacífica y equilibrada.
Averías y mantenimiento: muchas veces surgen problemas en algunas de las viviendas, sin embargo, el arreglo de ese componente afecta al resto del edificio, por ejemplo, al tratarse de un elemento estructural o de una instalación común puede que no solo el propietario de esa vivienda tenga que hacer frente al arreglo, sino que afecta al erario de la comunidad. Para determinar esas circunstancias, un administrador de fincas comunicará, en todo caso, a quién corresponde ese sufrago de gastos.
Servicios jurídicos: en caso de que haya que determinar qué legislación afecta a cada miembro de la comunidad, la figura del administrador de fincas será la persona encargada de ofrecer esos datos. También en caso de conflictos y de posibles cuestiones judiciales, serán garantes de que los intereses de la comunidad estén a salvo.
Seguros: también está dentro de las funciones de un buen administrador de fincas, será la persona que, en representación de la finca interceda con los seguros y proteja, en todo caso, cada una de las cláusulas que protegen sus derechos, así como hacer cumplir las primas que están contratadas cuando haya que hacer uso de las mismas.
En cualquiera de estos casos, la función esencial es la de mediar y servir de garantía, sin que los vecinos tengan que contravenir o generarse conflictos entre ellos. Al final, por una tarificación, en principio, base y plana para llevar a cabo las tareas más administrativas sería suficiente. Pero, puede pasar que se tengan que administrar grandes complejos residenciales, en este sentido, también existe la posibilidad y siempre será cuestión de sentarse con un despacho solvente de administración de fincas, como puede ser Fincas Egeda y consensuar esos servicios.
Por último, destacar que Valencia está encaminando sus políticas de vivienda pública hacia una mejor forma de adquirir un inmueble digno para que las familias puedan vivir. Además, empresas y compañías de gestión de fincas están a plena disposición de las comunidades de vecinos, así como de los propietarios para que las transacciones que afectan al edificio, así como a los servicios que en él se prestan, se realicen bajo todos los preceptos normativos y legales. Esa garantía ofrece mucha tranquilidad y mejora, en casi todos los casos, la convivencia vecinal.